Inicio de las alianzas y coaliciones

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Así las cosas, observa la Isla el inicio formal de alianzas y coaliciones políticas. El primer paso hacia ese nuevo escenario lo dan Iglesias, Roberto H. Todd y Bolívar Pagán, al gestionar en el Congreso una enmienda a la ley electoral que permita las coaliciones electorales, vedadas por la ley de 1919. Aunque logran que se redacte un proyecto a esos efectos, éste queda inactivado en una comisión congresional. Pero ésto no impedirá el amogollamiento. Vamos a verlo.

El 24 de julio de 1923, el gobernador Towner firma una resolución conjunta de la Asamblea Legislativa, la cual crea una comisión integrada por representantes de los tres partidos políticos puertorriqueños con la encomienda de viajar a Washington para solicitar del Congreso una declaración oficial y directa sobre sus propósitos y pretensiones en cuanto al status político definitivo para la Isla, así como requerir su posición en torno al desarrollo económico y social de la Isla. La resolución demanda que se declare, tanto por el Congreso como por el presidente de los Estados Unidos de América, cuál es el propósito de dichos Poderes con respecto al status definitivo de la Isla; que se otorgue a la Legislatura la facultad de legislar sin restricciones sobre todos sus asuntos locales; que el pueblo elija su Gobernador; que todos los nombramientos que hace el presidente de los Estados Unidos sean hechos por el gobernador, con el consejo y consentimiento del Senado insular; que se otorgue a la Isla la facultad de legislar sobre sus problemas económicos, regulando la adquisición de tierras, imponiendo arbitrios locales o de rentas internas para ser recaudados en beneficio del tesoro de la Isla, y en general sobre todas las medidas que reclamen los intereses y necesidades de Puerto Rico y que no estén en conflicto con aquellas otras, en este mismo orden, de carácter nacional, y que todas aquellas medidas de carácter nacional que tiendan a beneficiar la educación, la agricultura y demás fuentes del saber o de la riqueza de la Isla, sean extendidas a todos los estados de la Unión Americana».

En agosto siguiente, antes de que la comisión tripartita salga hacia la Capital federal, el Partido Socialista se reúne en asamblea, en la que aprueba una declaración de principios que favorece la extensión de la constitución norteamericana a Puerto Rico y afirma su respaldo a la unión «permanente e indivisible» de Puerto Rico con los Estados Unidos. En esta asamblea se insiste en el arma de la coalición o entendido electoral con los republicanos para enfrentarse a los unionistas en la venidera elección general. A esos efectos se aprueba casi unánimemente una resolución. En noviembre, el Partido Republicano Puertorriqueño designa una comisión para tratar la posibilidad de la coalición con los socialistas. La integran el presidente del partido Tous Soto; el secretario general, Fernando J. Géigel; el vicepresidente Martínez Nadal y el delegado del Partido Republicano Nacional, Roberto H. Todd. Para no violar la ley electoral de 1919, los candidatos de ambos partidos figurarían, según las bases del entendido, en una candidatura común en un partido común integrado por ambas colectividades. Los unionistas, temerosos de una fuerza electoral combinada de socialistas y republicanos – en la elección general precedente los votos de estos dos últimos partidos son apenas 3,461 menos que los de los unionistas –, inician coqueteos con los republicanos buscando que el entendido sea entre ellos. Para entonces, dice Bolívar Pagán, «los Republicanos, en la mente Unionista, no eran los ‘reaccionarios’ y ‘americanizantes’ que debían combatirse sin tregua ni cuartel». En diciembre de 1923, el comisionado residente Córdova Dávila radica un proyecto – que resulta natimuerto – demandando mejoras a la ley Jones, especialmente concediendo a los puertorriqueños el poder de elegir su gobernador. Simultáneamente, el líder Unionista comienza a expresarse a favor de la estadidad para la Isla, en un aparente flirteo hacia los republicanos.

El 8 de enero de 1924 sale hacia Washington la comisión tripartita que ha de plantear las demandas contenidas en la resolución legislativa del año anterior. La componen: Barceló, Tous Soto, Iglesias, Guerra Mondragón, Hernández López, Alfonso Lastra Chárriez, Octavio Jordán, Enrique González Mena, Juan B. García Méndez, Rafael Alonso Torres, Walter McJones y Enrique Bird. Un mes después de gestiones ante el Congreso y la Casa Blanca, la comisión regresa a la Isla. A bordo del barco que la trae, Barceló (unionista) y Tous Soto (republicano) redactan un manifiesto que al recibirse en la Isla causa profunda conmoción. El delegado socialista que viaja con el grupo, Alonso Torres, no sabe del manifiesto hasta llegar a la Isla. Iglesias tampoco, ya que no hace el viaje, al permanecer varios días más en la Capital federal. El documento propone una alianza entre los partidos Unión de Puerto Rico y Republicano Puertorriqueño asegurando que el asunto del status final de la Isla «no preocupa por ahora, a los hombres de estado de la Nación», según deducen «de las palabras y de las actuaciones de los leaders de la opinión pública americana», quienes consideran la cuestión del status «más como una cuestión académica, que como un problema de orden práctico». «Ante esta perspectiva», dicen los hasta ahora dos líderes políticos adversarios, «palidecen nuestras luchas políticas, y los issues de los partidos se esfuman y confunden cual se confunden en la línea indecisa del horizonte la azul inmensidad del cielo y el infinito azul del mar». Es su opinión ahora que las luchas partidarias pueden poner en peligro las conquistas de las libertades que se anhelan y anuncian entonces que los dos partidos históricos de Puerto Rico, «después de grandes y dolorosas divergencias, han encontrado, al fin, un punto de contacto, una idea común para unir sus aspiraciones, el pleno self-government para Puerto Rico que consagra nuestra propia soberanía dentro de la soberanía de los Estados Unidos. Para las soluciones más o menos lejanas del porvenir, a los hombres dirigentes del presente sólo nos corresponde preparar a nuestro pueblo, dentro del ejercicio de su propio gobierno, para las responsabilidades con que pueda confrontarse mañana. Nuestros descendientes y los descendientes de los hombres que dirigen los destinos de la gran nación americana, son los llamados a resolver el problema que pueda ser planteado en el futuro, de acuerdo con las condiciones que el momento y los intereses de ambos pueblos requieran», por lo que no existe ahora, dicen, «una cuestión fundamental que justifique la separación de la familia puertorriqueña en opuestos bandos».

Pasan entonces a presentar su fórmula unitaria: «Consagración del gobierno propio (self-government) para alcanzar plena soberanía de Puerto Rico dentro de la soberanía de los Estados Unidos. Descartado así el issue del status, de nuestra arena política, podríamos dedicar nuestros esfuerzos, iniciativas y actividades al estudio y solución de los problemas sociales y económicos, y en esta magna empresa movilizar todas las fuerzas morales e intelectuales del país, sin distingos de bandería… Hemos mencionado solamente en este manifiesto los partidos históricos, porque el Partido Socialista surgió a la vida pública, a juzgar por las declaraciones de sus propios leaders, con el solo nombre de socialista, pero siendo de hecho una modalidad del trabajo organizado, una faz de las actividades de la American Federation of Labor en el campo de las luchas partidarias, habiendo nutrido sus falanges con elementos reclutados en las filas de los partidos históricos… ¿Cuál será el procedimiento a seguir? ¿Deberán disolverse los actuales partidos? ¿Deberán conservar sus nombres y personalidad, concertando, sin embargo, una alianza? Y en este último caso, ¿cómo se han de designar los candidatos? ¿Cómo se han de llevar a la papeleta electoral? Preguntas son éstas que deberán ser contestadas por los propios partidos políticos en sus asambleas soberanas».

Detrás del manifiesto y la idea del entendido está el temor de los unionistas de que una coalición de republicanos y socialistas los desbanquen del poder. Para evitarlo, no sólo dejan de lado los unionistas sus constantes acusaciones al Partido Republicano de partido americanizante y reaccionario, sino además tratan de adormecer al pueblo con la afirmación – engañosa por demás – de que ya para el año 1928 estarán los puertorriqueños votando para elegir su gobernador y estará este alto funcionario designando todos los miembros de su Gabinete. Pero más allá de eso: lanzan el primero – que no el último – grito de que el status no está en issue. Al comentar el manifiesto, Iglesias lo hace con alma de puertorriqueño y se refiere a la «tregua de Dios» que pide el manifiesto, como «una poca vergüenza del diablo».

Desde Ponce, donde entonces reside y auspicia al Partido Unión, el joven Pedro Albizu Campos declara que es motivo de satisfacción que se llegue a un acuerdo definitivo respecto a la base política «sobre la cual se dice gira la política del país», y agrega que «si es ésta el gobierno propio, como se dice en el manifiesto, con seguridad tendrá acogida entre todos los elementos liberales del país». Pero hay agrias reacciones de unionistas y republicanos contra la idea de una alianza unio-republicana. Muchos de los primeros se sienten traicionados en su compromiso autonomista o independentista y muchos republicanos condenan la traición a los ideales y las luchas sin claudicación del doctor Barbosa. El 4 de mayo, unionistas y republicanos se reúnen en asambleas separadas: los primeros en San Germán y los segundos en Mayagüez, con el propósito de que sus delegados voten a favor o en contra del propuesto entendido electoral. En ambas asambleas hay enconados debates en pro y en contra de la proposición, aunque es en la de los republicanos donde se desarrollan los escenarios más borrascosos. En ésta, importantes líderes como Martínez Nadal, Todd, Pedro Juan Barbosa, Fernando Géigel, Rossy y Gómez Brioso esgrimen fuertes argumentos en contra de la alianza. En la unionista hacen lo propio contra la idea del pacto, líderes de la talla de Epifanio Fernández Vanga, José Coll Vidal y Leopoldo Figueroa Carreras. Los unionistas, por abrumadora mayoría, demuestran su fe y lealtad absolutas a su líder Barceló y aprueban la fusión. Los republicanos, sin embargo, tienen que llevar la propuesta a votación, y la fusión con los unionistas queda aprobada con los votos afirmativos de 130 delegados contra 55. La unión queda sellada con el nombre de Alianza Puertorriqueña. Su directorio queda compuesto por Barceló, Jesús Benítez Castaño, Lastra Chárriez, Arsenio Martínez, Guerra Mondragón, Nicolás Santini y Arturo González Prado (unionistas), y Tous Soto, Luis Sánchez Morales, Juan B. Soto, José Aponte, Guillermo Godreau, Manuel Marín y Jaime Sifre (republicanos). Martínez Nadal describe aquella asamblea como una en la que Tous Soto apela a los medios más corruptos para sofocar la rebeldía de los republicanos; denuncia que la entrada del público es controlada por el propios Tous Soto*, y que muchos delegados «en aquel río revuelto pescaron puestecitos del Gobierno para sí o sus familiares; otros obtuvieron traslados de jefes de Policía, cabos o guardias; a otros se les ofreció carreteras y obras en sus distritos; a otros se les amenazó con ejecutarles hipotecas de sus pequeñas fincas o de sus hogares, y algunos hubo que se vendió por un carguito y una máquina de escribir. Y así en esta forma tan pulcra, tan limpia y tan democrática y patriótica, consiguió Tous Soto ahogar en una asamblea la sana rebeldía de los republicanos ortodoxos».

Martínez Nadal abandona la asamblea Republicana. Le sigue medio centenar de delegados, quienes se dirigen a la Logia Washington, donde acuerdan desafiliarse del Partido Republicano Puertorriqueño y constituir el Partido Republicano Puro. Es como escuchar ahora un eco de los acontecimientos de 1897 con Barbosa y su Partido Autonomista Ortodoxo o Puro. Martínez Nadal es elegido presidente provisional de la nueva colectividad, que postula la fórmula estadista para la Isla y los principios que dan vida al partido de Barbosa. En pocos días, el nuevo partido queda inscrito por petición. En este punto, vale anotar lo siguiente: para favorecer a sus amigos y protegidos de la Alianza, el gobernador Towner convoca a la Legislatura a sesión extraordinaria para enmendar la ley electoral de 1919, eliminándose la prohibición de que los candidatos a puestos electivos puedan figurar en más de un partido y reciban así los votos sumados de los partidos en que aparezcan, como la Alianza ha anunciado que se propone hacer; prohibiéndose que un nuevo partido utilice parcial o totalmente el nombre o las insignias de otro partido principal existente, para favorecer a los unionistas y republicanos; proveyendo para que los jueces municipales puedan excluir votantes de las listas electorales que sean impugnados (con alguna rara excepción los jueces municipales en función son de reconocida afiliación aliancista), y poniendo el control político real de la Junta Insular de Elecciones, las juntas locales y las mesas de votación en manos de los partidos definidos en la ley como partido principal, que son únicamente el Unionista y el Republicano Puertorriqueño. El Partido Socialista, así como cualquiera que se inscriba para participar en una elección general sólo tiene derecho a un observador (mudo, como le llama Bolívar Pagán) en las juntas locales y en las mesas de votación, según la ley enmendada. Así las cosas, los aliancistas ganan o ganan. Por imperativo de la enmendada ley electoral, los republicanos de Martínez Nadal tienen que registrarse como Partido Constitucional Histórico, aunque sus miembros son conocidos mayormente como los republicanos puros. Empujados por las circunstancias, el Partido Socialista y el Constitucional Histórico se reúnen y acuerdan un pacto libre electoral con el nombre de Coalición. Ambos aparecen en la papeleta de votación separadamente pero con candidatos comunes, y mantienen sus respectivas organizaciones y personalidad independientes. Acuerdan distribuirse equitativamente las nominaciones a cargos electivos. El Constitucional Histórico pone énfasis, en sus declaraciones y durante toda la campaña electoral, en la consecución de la estadidad, mientras el Socialista reafirma su posición a favor de la extensión a Puerto Rico de la constitución norteamericana y en la unión permanente e indisoluble de Puerto Rico con Estados Unidos. En el campo unionista también hay querellas por la unión del partido con los republicanos. En agosto de 1924 prominentes unionistas se reúnen en el Teatro Municipal de San Juan y dejan constituido el Partido Federal – el mismo nombre que utilizara la colectividad que al desaparecer a principios del siglo da paso al Partido Unionista. Son los principales líderes federalistas: Manuel Benítez Flores (elegido presidente), Alejandro Ruiz Soler, José Cobián Rivera, Manuel Velilla, Cándido Martínez, Luis Vizcarrondo Coronado y E. Díaz Arana. El nuevo partido denuncia que la alianza de los partidos Unionista y Republicano «no está en consonancia con nuestro Derecho, con nuestro decoro personal ni con nuestra dignidad como pueblo civilizado, toda vez que dicha Alianza, trastornando el orden natural de las cosas, sin solucionar los problemas planteados por los partidos históricos, y perturbando la conciencia pública, declara fracasado el programa de la Unión de Puerto Rico, y con su programa también declara fracasada la magna labor de sus ilustres líderes muertos y la obra realizada durante veinte años de dolor y sacrificios por el pueblo Unionista». Denuncia asimismo que la alianza «carece por completo de ideales, y su única finalidad no parece ser otra que la de dividirse de por mitad con el Partido Republicano Puertorriqueño, las conquistas y los laureles logrados tras largos años de privaciones y esfuerzos de todos sus hombres…».

Culmina el Partido Federal su declaración con una adhesión absoluta a los principios de la Unión de Puerto Rico enunciados en su programa de 1913 y reiterados en el de 1915.

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Antonio Quiñones Calderón

Antonio Quiñones Calderón, fue un destacado redactor de los desaparecidos diarios El Imparcial y El Mundo, también en un momento crucial de su trayectoria: la década del 60. En 1968, aceptó cumplir las funciones de Secretario de Prensa del entonces, recién electo gobernador de Puerto Rico, Luis A. Ferré. En el desempeño de esta posición, primero con Ferré y luego en los dos períodos de Carlos Romero Barceló, fue testigo excepcional de las transformaciones de la prensa puertorriqueña. Durante la decada de 1980, fue asistente de la dirección de El Nuevo Día y poco después sub director de El Mundo. Tiene publicados también varios libros de historia política.

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