La elección general de 1908

En medio del repudio unánime a la vigente ley orgánica y de la exigencia de su sustitución por una más liberal y de mayores poderes para Puerto Rico, el 4 de noviembre se efectúa la elección general de 1908. Están inscritos para votar 206,055 electores, y lo hacen 158,134 (76.7%). Los unionistas obtienen 101,033 votos, frente a 54,962 de los republicanos. Vuelve el Partido Unión de Puerto Rico a copar los 35 asientos de la Cámara de Delegados, reelige a su comisionado residente y repite su triunfo en 52 municipios.

[Elección general de 1908:
Partido Unión de Puerto Rico: 101,033 votos.
Partido Republicano Puertorriqueño: 54,962.
Federación Libre: 1,327.
Izquierda Unionista (Utuado): 898.
Liberal Autonomista (Distrito de Guayama): 32.
Republicano Puro (Yauco): 4].

Federación Libre es el mismo grupo de la anterior elección; Izquierda Unionista y Liberal Autonomista son escisiones, ambas de la Unión, en los sectores indicados, y Republicano Puro es una escisión republicana en Yauco.

La oposición a la ley Foraker sigue recrudeciéndose. La Unión, desde su poder hegemónico en la Cámara de Delegados, no cesa en sus ataques a la ley e incluso contra los miembros del Consejo Ejecutivo, que ve como sus adversarios. Los republicanos, aunque en fuerte competencia partidista con los unionistas, manifiestan también su desagrado por la situación que vive la Isla bajo ese estatuto. Como los enconos partidistas entre muñocistas y barbosistas siguen en aumento, entorpeciendo una acción colectiva en contra de la ley, una logia masónica de Ponce, siguiendo un pedido de otra de Bayamón, toma la iniciativa de reunir a los dos grandes líderes de la época – Muñoz Rivera y Barbosa –, buscando «aunar voluntades y sentimientos en pro de los altos intereses del país, declarando que las luchas de los puertorriqueños entre sí y el malestar moral que tiene el país nacen de las diferencias profundísimas que median, como un abismo, entre dos notables puertorriqueños». La iniciativa tiene como resultado la celebración de una magna asamblea masónica en San Juan, a la que comparecen los dos grandes líderes, que se funden en un fuerte abrazo y se comprometen a colaborar conjuntamente por reformas a la ley orgánica, incluyendo la elección de un Senado por los puertorriqueños y la ciudadanía americana. Pero esta unión no durará mucho. En enero de 1909 la junta central de la Unión y 34 miembros de la Cámara de Delegados celebran una reunión para buscar maneras de enfrentarse eficazmente a la ley y lograr su sustitución por otra más liberal.

Aprueban la siguiente resolución:

«Por cuanto, los centros ejecutivos de la Isla rehúsan el concurso de la opinión insular, gobiernan y administran a su arbitrio y pretenden convertir en una triste farsa la representación legislativa electa por los ciudadanos:
La junta Central, de acuerdo con los representantes del pueblo, declara;
1º. Que es a toda costa necesario actuar enérgicamente contra la subsistencia del bill Foraker, que destruye la personalidad de Puerto Rico, y contra la forma en que están aplicándola los centros ejecutivos.
2º. Que no procede sin embargo, realizar ningún acto de oposición sistemática, y sólo habrá de entenderse que la Cámara adopta una situación de irrevocable independencia.
3º. Que la Cámara de Delegados debe votar y sostener leyes de carácter autonómico para la vida entera del país, entrar en la crítica severa de la administración en sus distintas dependencias y utilizar los medios políticos de que disponga con el fin de que aquellas leyes sean aprobadas y esta administración corregida de una manera eficaz.

Siguiendo esta norma de conducta la Junta Central y la Cámara llegarán, siempre que las circunstancias lo exijan, a todos los posibles sacrificios».

Más de una docena de proyectos se presenta desde el inicio de la vigencia de la ley Foraker y hasta 1909 con el propósito de modificar el estatuto. Las propuestas provienen tanto del bando unionista como del republicano. Todas se estrellan ante la indiferencia y oposición del Consejo Ejecutivo y el gobernador. Durante la sesión de ese último año encuentra la Cámara de Delegados la manera de demostrar su «irrevocable independencia» y llamar la atención sobre su débil papel: el presupuesto de gastos del gobierno. Su aprobación es objeto de intensos debates y discrepancias al resentir la Cámara de Delegados la excesiva intervención del Consejo Ejecutivo en su elaboración, especialmente por la inclusión de partidas que en nada benefician a Puerto Rico. Aprovechando expresiones previas del gobernador Post sobre la adversa situación presupuestaria que se ve venir, la Cámara reduce varias partidas, incluidas las relacionadas con los salarios de funcionarios del gobierno, como los empleados y funcionarios del Tribunal Federal. El Consejo se opone. Numerosas comisiones y una sesión extraordinaria no producen la ruptura del tranque. Tanto la Cámara como el Consejo envían sus comisiones a Washington para plantear el problema al secretario de lo Interior. Tampoco hay solución. La Cámara acusa al Consejo de tratar sus iniciativas con absoluto menosprecio y de no hacer caso a su tendencia progresista. El Consejo responde que la Cámara todo cuanto desea es presionar para forzar la aprobación de sus propias iniciativas. En mayo, el presidente William H. Taft, favoreciendo las posturas del gobernador y el Consejo Ejecutivo y acusando a la Cámara de intentar subvertir el gobierno, solicita del Congreso que resuelva el tranque. En julio el Congreso aprueba una resolución conjunta presentada por el congresista Marlin E. Olmsted (republicano por Pennsylvania), que modifica el artículo 31 de la ley orgánica con el fin de que, en caso de que no se aprueben las asignaciones correspondientes para el funcionamiento del gobierno al concluir un año fiscal, quede vigente el presupuesto del año que finaliza. De esa forma se rompe el impasse. El Consejo ha ganado la batalla pero este primer grito de rebeldía oficial de los legisladores puertorriqueños contra la ley Foraker tendrá el efecto positivo de contribuir a la decisión de modificar la ley orgánica vigente.

La agitación existente en la Isla, sin embargo, continúa. De hecho, lleva a la Cámara de Representantes federal a aprobar a mediados de 1910 un proyecto llamado el «Bill Olmsted», del mismo congresista Olmsted, que aboga por una nueva ley orgánica para la Isla, que mantiene los arreglos económicos entre Estados Unidos y Puerto Rico; provee una declaración de derechos individuales; una Rama Ejecutiva con un gobernador y seis jefes de departamentos designados por el presidente de Estados Unidos; una Rama Legislativa de dos Cámaras, incluyendo un Senado de 13 miembros, ocho de los cuales son nombrados por el presidente norteamericano y los otros elegidos por los puertorriqueños; reimpone la obligación de saber leer y escribir y ser propietario o contribuyente para votar, y con relación a la ciudadanía americana, la misma se concede pero a aquellos puertorriqueños que la soliciten, no colectivamente. El proyecto no genera entusiasmo en la Isla y tampoco pasa en el Senado federal. Pero es una señal de que el Congreso está pendiente de su «pertenencia» en el Caribe.

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Antonio Quiñones Calderón, destacado redactor de los desaparecidos diarios El Mundo, y El Imparcial, Secretario de Prensa del gobernador de Puerto Rico, Luis A. Ferré y de Carlos Romero Barceló, fue asistente de la dirección de El Nuevo Día y sub director de El Mundo. Tiene publicados varios libros de historia política entre los que se destaca Historia Política de Puerto Rico, libro del que se toman estos artículos y que no debe faltar en la biblioteca de todo buen puertorriqueño.
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