Primeros pasos hacia el gobierno propio

Categorías: Historia.

Antonio Quiñones Calderón– Llegamos al siglo XIX cuando la crisis revolucionaria en Europa y América impulsa el ánimo de reformas políticas y administrativas para la Isla en las primeras décadas del siglo. Comienzan a surgir y desarrollarse aquí tres tendencias políticas que en sus diversas vertientes han de prevalecer por siglos en el debate político-ideológico de la Isla: la conservadora, la liberal y la separatista-radical. Antes de que nazca el siglo XIX, la tendencia casi universal es la que postula un españolismo a ultranza a través de los conservadores, pero pronto en los albores de ese siglo ha de plasmarse la tendencia liberal, enarbolada por quienes se consideran autonomistas pero están dispuestos a llegar a acuerdos con la Corona, y finalmente surge la tendencia separatista-radical. Las tres tendencias han de desembocar algunos años más tarde, con sus respectivas modificaciones y actitudes, en movimientos partidistas representativos de éstas. Lo veremos más tarde.

Entre 1493 y 1808, Puerto Rico sólo sabrá de gobiernos de capitanes generales, largo espacio durante el cual no tiene representación en la junta gubernativa española que manda sobre la Isla. En 1809, la Junta Suprema española emite un decreto por medio del cual sus colonias pasan a formar parte integrante del reino en su capacidad de provincias. A la Isla se le autoriza a elegir un diputado a la Junta Suprema. Su elección está a cargo de los ayuntamientos de Puerto Rico, a saber: San Juan, Arecibo, San Germán, Aguada y Coamo. Primero, se elige una junta electoral de la que forman parte representantes de cada cabildo o ayuntamiento; luego se sortean sus nombres para seleccionar uno por cada ayuntamiento y, finalmente, también mediante sorteo, se selecciona el diputado. Ramón Power y Giralt, Teniente de Navío de ideología liberal, es seleccionado así nuestro primer diputado a las Cortes de Cádiz, que forman el Parlamento Español. Con motivo de su elección, el obispo Juan Alejo de Arizmendi le hace entrega de su anillo pastoral «como prenda segura que os afirmará en la memoria vuestra resolución de proteger y sostener los derechos de nuestros compatriotas como yo mismo la tengo de morir por mi amada grey». Aun con las restricciones anotadas, la elección de Power como nuestro primer diputado inicia la historia electoral de Puerto Rico. Por vaivenes de los acontecimientos de la época, un cambio en la dirección de España impide que las Cortes se reúnan en 1809 y queda sin efecto el cargo de Power. Constituido un Consejo de la Regencia, se emite un decreto en febrero de 1810 el cual autoriza una nueva elección. Power vuelve a ser elegido y parte hacia España. Asume el cargo y le cabe el honor de ser elevado a la vicepresidencia de las Cortes. Éstas inician sus trabajos en septiembre de 1810. Pero simultáneamente con este paso de avance político, se da uno en reversa: temeroso de que los acontecimientos que se están dando en Venezuela – su guerra de independencia – puedan soliviantar a los criollos contra la Corona, el Consejo de la Regencia extiende al gobernador Salvador Meléndez amplias «facultades omnímodas» para gobernar «con toda la amplitud y extensión de facultades que puede atribuir la soberanía, para remover de sus destinos a toda clase de empleados siempre que lo estime conveniente y lo exijan las circunstancias…, para proceder a la detención de toda clase de personas sin distinción de estado, fuero ni privilegio, confinarlas y trasladarlas a donde más bien le parezca».1

La obra que comienza a realizar Power en las Cortes reviste extraordinarios alcances políticos y económicos para la Isla. Una de sus primeras exitosas gestiones es denunciar, y lograr que se deroguen, las oprobiosas «facultades omnímodas», las que llama injustas para Puerto Rico, impropias de un gobierno liberal, y alentadoras, en lugar de represoras, de una disidencia en América. Para fines de año logra la aprobación de una serie de medidas de positivos avances para los puertorriqueños, a las que en conjunto se llama la ley Power. En términos económicos, ordenan la habilitación de cinco puertos adicionales al de San Juan – en Fajardo, Ponce, Aguadilla, Mayagüez y Cabo Rojo –; derogan el tributo de abasto forzoso de carne a San Juan y el impuesto sobre la distribución de ron; permiten la libre importación de harinas y la exportación de ganado pagando un derecho casi nominal. Pero uno de sus más importantes logros es la creación de la Intendencia (Hacienda), separada de la gobernación como funcionaba hasta entonces. El Intendente a ser designado establecería una Sociedad Económica de Amigos del País, dedicada al fomento de la riqueza en la Isla. Ciertamente, con Power se inicia la historia de la representatividad política en Puerto Rico. Su muerte  a los 38 años de edad, debida a un brote de fiebre amarilla en junio de 1813, constituye un fuerte revés para la Isla.

Para marzo de 1812, las Cortes de Cádiz aprueban la primera constitución española, la cual se hace extensiva a la Isla el 14 de julio siguiente. La constitución aprobada representa el triunfo del liberalismo sobre el absolutismo. Otorga «a los puertorriqueños nacidos libres, juntamente con la ciudadanía española, los derechos de inviolabilidad de domicilio, persona y propiedad y los de libertad de pensamiento, petición, trabajo y sufragio».2 Establece también una entidad de carácter administrativo, que se titula Diputación Provincial. Ésta, integrada por el jefe superior de la provincia, nombrado por la Corona, el Intendente y siete personas elegidas por los compromisarios de los distritos, vela por la mejor inversión de los fondos públicos, examina las cuentas, propone al gobierno la construcción de nuevas obras y desempeña otras funciones establecidas en la constitución. ¿Cómo se ejerce el derecho al sufragio? El 21 de agosto de 1812 la Junta Preparatoria de Elecciones divide la Isla en 45 parroquias y cinco partidos (o distritos) que abarcan todas las parroquias. Los cinco partidos son: San Juan, San Germán, Coamo, Aguada y Arecibo. Estos incluyen un total de 13,547 ciudadanos electores. En cada distrito debe elegirse un número determinado de compromisarios parroquiales, con la participación de todos los electores avecindados en cada parroquia. Los compromisarios parroquiales eligen luego a los de partidos o distritos, y éstos eligen al diputado a Cortes y a los miembros de la Diputación Provincial. El diputado y los miembros de la Diputación Provincial tienen que ser ciudadanos españoles en el pleno ejercicio de los derechos civiles, tener la edad mínima de 25 años y haber nacido o ser residentes de la Isla por los anteriores siete años al momento de su elección. Su incumbencia se extiende por dos años y pueden ser reelegidos, sólo después de haber mediado una Legislatura. Aunque su elección no responde ciertamente a un sufragio directo, universal y absolutamente libre y secreto, constituye un paso de avance comparado con el sistema de sorteo que prevalece durante la Junta Suprema y el Consejo de la Regencia. Pueden votar los ciudadanos españoles varones, sepan o no sepan leer y escribir, paguen o no arbitrios sobre la propiedad y tengan 25 años de edad en adelante. La primera elección constitucional efectuada en la Isla (las dos anteriores tienen sus raíces en Decretos Reales) es la de 1813, en la que resulta elegido diputado a Cortes el sangermeño y liberal José María Quiñones, doctor en Derecho por la Universidad de Santo Domingo y ex Oidor* de la Audiencia de Caracas.

La provincia vuelve a elegir su diputado (el liberal Gabriel Ayessa) en el año 1814, pero éste no ocupa su cargo, ante el regreso del régimen absolutista en mayo de ese año, que elimina la constitución. (Al año siguiente (1815), el gobierno de Madrid expide una Real Cédula para Puerto Rico, dirigida a fomentar la población, el comercio, la industria y la agricultura de la Isla, la que es generalmente designada Cédula de Gracias. La cédula  se compone de 33 artículos, aunque también forman parte de ella varios otros artículos de cédulas concedidas a las Indias, Trinidad y Nueva Orléans. Se inspira, dice Cruz Monclova en su iluminadora obra citada (página 79), en el concepto de que «la protección del comercio y de la industria es la causa que más influye en el poder, la riqueza y la prosperidad de un Estado». Consigna el rey que el objeto de la cédula es el fomento de esos ramos en la Isla, «que merece particularmente mis reales atenciones y paternal amor, y que miro como porción distinguida de mis dominios, por su acrisolada lealtad y fidelidad». Pero, como apunta Cruz Monclova (página 84): «Los acuerdos del Intendente y el Gobernador, por su parte, no siempre hermanaron con la amplitud de las disposiciones originales de la Cédula de Gracias; y, en ocasiones, hasta limitaron el alcance de las prescripciones reales, con perjuicio de los intereses de la Isla, y beneficio del Erario, la producción, la marina y el comercio españoles. Pero, con todo, la Cédula de Gracias, si no una panacea milagrera, resultó sumamente provechosa»). Las Cortes no vuelven a reunirse sino hasta el año 1820 al reinstalarse el gobierno constitucional. Otro liberal (Demetrio O’Daly), es elegido diputado en la elección de ese año, y Quiñones es reelegido en la siguiente de 1821. En 1823 es elegido el también liberal Ildefonso Sepúlveda. Pero en diciembre de ese año regresa el absolutismo de Fernando VII. No se sabe más de elecciones y de constitucionalismo sino hasta el año 1834. Ese año, tras la muerte en 1833 de Fernando VII, adviene al trono español Isabel II, quien designa a María Cristina de Borbón como reina regente. Ocurre un súbito cambio en el régimen, que se visualiza más liberal, con motivo del nombramiento de Francisco Martínez de la Rosa como primer ministro. Pero las esperanzas de una liberalización del régimen no se materializan a cabalidad. Martínez de la Rosa, en lugar de restituir la constitución de 1812, promulga en abril de 1834 el Estatuto Real, dirigido a frenar el empuje del liberalismo y fortalecer el absolutismo de la Corona. Ordena la celebración de elecciones para enviar dos procuradores, que representarían a la Isla en el Estamento de Procuradores de las Cortes. Son dos los estamentos: el de próceres y el de procuradores. El primero lo forman, «por designación de la Corona, Arzobispos, Obispos, grandes de España y títulos de Castilla… y otros tantos propietarios territoriales o dueños de fábricas, manufacturas o establecimientos mercantiles o personas que hubiesen adquirido gran celebridad o renombre en la enseñanza pública o privada, o en el cultivo de las ciencias o las letras, y disfrutaran de una renta de 60,000 reales al año por concepto de bienes propios o de sueldo cobrado del Tesoro Público».3 El Estamento de Procuradores lo componen «individuos designados con arreglo a una ley electoral… Para ser procurador se requería disfrutar la nacionalidad española; tener al menos treinta años de edad; estar en posesión de una renta propia de 12,000 reales o más al año; haber nacido en la provincia nominadora o haber residido en ella durante los dos últimos años, o poseer algún predio rústico o urbano o en su caso un capital de censo que redituara 6,000 reales anuales».4 Se busca con ese sistema complacer a los liberales, por un lado, y a los propulsores del absolutismo, por el otro. Los procuradores son elegidos por electores pudientes, es decir, por catorce electores designados por el ayuntamiento, de entre los más de 355,000 habitantes de la Isla. Con esas restricciones se eligen los procuradores de Puerto Rico en 1834 y 1836.

Notas:

1. Ver Historia de Puerto Rico, Paul G. Miller, 1947, p. 240.
2. Ver Historia de Puerto Rico (Siglo XIX), Lidio Cruz Monclova, 1979, Tomo I, p. 49.
* Ministro togado que en las audiencias del rey oye y sentencia en pleitos.
3. Cruz Monclova, op. cit., p’s. 211-212.
4. Ibid., p. 212.

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Antonio Quiñones Calderón, destacado redactor de los desaparecidos diarios El Mundo, y El Imparcial, Secretario de Prensa del gobernador de Puerto Rico, Luis A. Ferré y de Carlos Romero Barceló, fue asistente de la dirección de El Nuevo Día y sub director de El Mundo. Tiene publicados varios libros de historia política entre los que se destaca Historia Política de Puerto Rico, libro del que se toman estos artículos y que no debe faltar en la biblioteca de todo buen puertorriqueño.

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