Una aparente tranquilidad -La Masacre de Ponce

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Una aparente tranquilidad

El inicio del nuevo cuatrienio parece – parece – augurar tiempo cálido y tranquilo en la calurosa política tropical puertorriqueña. Constituidas las Cámaras Legislativas, sus integrantes y el resto del liderato político dan aparentes muestras de cohesión al unirse al reclamo de mayor grado de gobierno propio, principalmente centrado en la urgencia de que se autorice a los puertorriqueños a elegir su gobernador. Pero pronto se viene al piso el escenario aparentemente unánime. Los liberales, que ciertamente desean esa medida de liberalización del régimen, se oponen a una resolución conjunta del Senado demandando el gobernador electivo y otros pasos de avance político debido a la alusión en ésta de la frase «unión permanente de Puerto Rico con Estados Unidos». La resolución se aprueba sólo con los votos de la Coalición. Mientras tanto, en Washington el comisionado residente Iglesias gestiona sin éxito la aprobación congresional de un proyecto que convertiría a Puerto Rico en un territorio incorporado de Estados Unidos. Aunque no logra siquiera la consideración del proyecto, sí le son aprobadas algunas enmiendas menores a la ley Jones. Iglesias presenta su proyecto de incorporación en 1938 y en 1939 y en este último año radica otro proyecto de estadidad, que tampoco es considerado. De hecho, este cuatrienio confirma lo que viene ocurriendo desde el momento mismo de la aprobación de la ley Jones: la improductividad del empeño por reformar el régimen colonial imperante y otorgar algún grado de gobierno propio a los puertorriqueños. Las pugnas internas de los partidos locales y las prioridades de Estados Unidos puestas en su propio desarrollo, contribuyen a las dudas y recelos del Congreso y las autoridades ejecutivas norteamericanas sobre la capacidad de los puertorriqueños para gobernarse.

La aparente tranquilidad se esfuma.

La «masacre de Ponce»

Apenas ha nacido el cuatrienio 1937-40 ocurre un acontecimiento de violencia que tiene graves repercusiones en toda la vida puertorriqueña. Veamos.

Un grupo de miembros del Partido Nacionalista solicita autorización al alcalde de Ponce, José Tormos Diego, para celebrar un desfile y mitin en la ciudad el domingo 21 de marzo de 1937, en el que se observa el Domingo de Ramos. Se trata, explican los líderes de la actividad, Plinio Graciani y Luis Castro Quesada, de un desfile y mitin pacíficos. Tormos Diego autoriza los actos, que tendrán lugar entre las calles Marina, Aurora y Jobos. Pero el día anterior sus organizadores reciben notificación del jefe de distrito de la Policía, capitán Felipe Blanco, en la que se les dice que por acuerdo de instrucciones recibidas de sus superiores – que no identifica – la Policía se opone al desfile y mitin. Simultáneamente con la notificación, temprano en la víspera comienza a concentrarse un enorme contingente de agentes de la Policía a lo largo de las calles citadas y frente al Club Nacionalista de la ciudad. Inclusive el jefe de la Policía Insular, coronel Enrique de Orbeta, se presenta en Ponce. Se reúne con el alcalde y lo convence para que desautorice lo que ya ha autorizado. Tormos Diego accede. Se retracta y lo notifica a Graciani y Castro Quesada. Éstos, sorprendidos e indignados con la actitud del alcalde y el inusitado despliegue de fuerza policial, advierten a Tormos Diego que continuarán con sus planes para el desfile y mitin.

Temprano en la mañana del domingo comienzan a llegar nacionalistas a los alrededores de su local. Acuden con sus cónyuges, hijos, padres y otros familiares. A eso de las tres de la tarde los Cadetes de la República, organización de jóvenes nacionalistas que visten uniforme consistente en pantalón blanco y camisa negra, se forman en una columna de tres en fondo. Al final del grupo de muchachos se halla una pequeña banda musical, de cuatro integrantes, que comienza a entonar «La Borinqueña». De momento, y en medio de un ambiente solemne, surge un disparo cuyo origen no se determina. El disparo conduce a un tiroteo cuyo trágico desenlace es la muerte de 18 nacionalistas y dos agentes de la Policía. La masacre de Ponce causa honda consternación en Puerto Rico y Estados Unidos continentales. Ante los intentos de amañar la investigación correspondiente por parte de las autoridades dirigidas por el gobernador Blanton Winship, la opinión pública logra que la Unión Americana de Libertades Civiles designe una comisión investigadora integrada por personalidades de intachable reputación y alta valía moral, bajo la presidencia del prestigioso abogado de Nueva York, Arthur Garfield Hays, asesor de la UALC. Sus otros miembros son: Mariano Acosta Velarde, presidente del Colegio de Abogados; Fulgencio Piñero, presidente de la Asociación de Maestros; Manuel Díaz García, ex presidente de la Asociación Médica; Emilio S. Belaval, presidente del Ateneo Puertorriqueño; Francisco M. Zeno, director del periódico La Correspondencia; Antonio Ayuso Valdivieso, director del periódico El Imparcial, y José Dávila Ricci, periodista destacado de El Mundo. Tras una intensa investigación, el comité Hays llega a la conclusión de que la masacre tiene que ser atribuida a las autoridades gubernamentales a las que responsabiliza por la brutal violación de los derechos civiles y humanos de los nacionalistas. Dice en parte su informe:

«Con anterioridad al 21 de marzo, y en ese mismo día tuvo lugar una considerable concentración de fuerza policíaca en Ponce. Los hombres estaban bien armados con rifles, carabinas, subametralladoras o armas de repetición (conocidas por ‘Thompson guns’), bombas lacrimógenas, revólveres, macanas, toda la parafernalia de la fuerza. De ordinario Ponce tiene una fuerza policíaca de 35 hombres; el número que había en Ponce ese día fluctuó entre 150 y 200 hombres armados…

Se alegó que los nacionalistas eran peligrosos. Fotografías tomadas en el momento no revelan a un solo nacionalista con armas de ninguna clase, y esto fue admitido ante el Comité Legislativo por oficiales policíacos…

Los periodistas tomaron muchas fotografías de la cambiante escena. Una fotografía, tomada por José Luis Conde, de El Mundo, momentos antes de comenzar el tiroteo (una copia de la cual se acompaña), muestra a la policía desde el norte, o sea desde la calle Aurora. Muestra grandes grupos de personas, hombres, mujeres y niños, casi todos agrupados en la esquina de las calles Marina y Aurora, casi frente al Club Nacionalista y en el número de algunos cientos. La fotografía muestra a los cadetes en formación seguidos de las enfermeras, detrás de éstos el contingente policíaco con ametralladoras, bajo el mando del Jefe Pérez Segarra. Hemos advertido ya que el coronel Orbeta y el capitán Blanco, quienes aparentemente esperaban muy serios y peligrosos acontecimientos debido a la presunta ferocidad de los cadetes, se habían ido a dar un paseíto por la ciudad. El capitán Blanco declaró ante el Comité Legislativo que nadie quedó al mando de la policía, y que los jefes auxiliares Soldevilla, Bernal y Pérez Segarra, cada uno con un contingente policíaco a su cargo, no habían recibido instrucciones…

Dos fotógrafos, uno de El Mundo y otro de El Imparcial, tomaron dos fotos muy reveladoras; la una poco antes del tiroteo, y la otra después. Estas fotos no dejan lugar a dudas de por qué el incidente se llamó la ‘masacre’ de Ponce, y pasará a la historia con ese nombre. No se pudo demostrar que paisano alguno tuviese un revólver…

Es imposible presentar la historia de esta tragedia de manera que pueda pintar el cuadro horripilante aun cuando sólo sea hasta el limitado grado expuesto ante el Comité por los testigos examinados…

¿En qué se funda el aserto de que los nacionalistas fueron los responsables de la matanza? Dícese que un paisano disparó un tiro. Esto ha sido objeto ya de contestación. Dícese que algunos hombres dispararon desde las azoteas. Todo lo contrario aparece de la evidencia recibida por este Comité…

Cuando empezamos nuestra investigación objetamos intitular a nuestro comité ‘Comité para la Investigación de la Matanza de Ponce’. Para referirnos a la tragedia de Ponce la denominábamos el caso de Ponce, el motín, la algarada, y por cualquier otra extensión que indicara nuestra voluntad de considerar el asunto objetivamente. Después de haber oído toda la prueba, hemos llegado a la conclusión que el pueblo de Ponce le ha dado a esta tragedia el único título descriptivo posible: Esta fue la Masacre de Ponce y más terrible todavía porque esto ocurrió en tiempo de paz en Puerto Rico».

A pesar de las contundentes conclusiones del comité Hays, Winship se las arregla para que éstas no tengan mayores repercusiones. Como tampoco la tiene otra ordenada por el secretario de lo Interior de Estados Unidos, Harold Ickes, y dirigida por Walter F. McCaleb, que llega a las mismas conclusiones del comité Hays, e incluso acusa a Winship de ser un funcionario carente de buen juicio y negligente en la aplicación de la ley. De hecho, no hay consecuencias condenatorias contra los autores intelectuales de la matanza. Winship, en la gobernación desde febrero de 1934, es universalmente responsabilizado por la tragedia del Domingo de Ramos. A partir de entonces se acentúan los ya existentes sentimientos adversos hacia su persona, que se traducen en un atentado contra su vida, también en Ponce. El 25 de julio de 1938 la administración municipal ponceña organiza unos actos en conmemoración de la llegada de los norteamericanos a Puerto Rico. El orador principal designado es Winship. Cuando éste va a comenzar su discurso hay un prolongado tiroteo contra la tarima donde se halla. El gobernador resulta ileso pero el coronel de la Policía Luis Irizarry que lo acompaña resulta muerto. Al día siguiente, Winship habla por radio a Puerto Rico y a Estados Unidos reprochando los actos que dice son parte de un empeño terrorista de individuos de la Isla y asegura la lealtad de la gran mayoría de los puertorriqueños hacia Estados Unidos. Víctima de un total desgaste de su popularidad y efectividad, Winship es relevado del cargo en agosto de 1939 y sustituido por el almirante William D. Leahy.

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