El asesinato del coronel Riggs

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No saber lo que ha sucedido antes de nosotros es ser incesantemente niños. No dejar saber lo que sucede en nuestro tiempo es ser intensamente irresponsables con las futuras generaciones. Un espí­ritu histórico no puede tener dudas de que ha llegado el tiempo de la resurrección de nuestro pasado, de la afirmación del presente y la esperanza del futuro. Esto es parte de ello…

Como secuela de los graves incidentes de octubre de 1935, en febrero del año siguiente dos jóvenes nacionalistas (Hiram Rosado y Elías Beauchamp) tirotean en San Juan al jefe de la Policía Insular, coronel E. Francis Riggs, quien muere instantáneamente. Los nacionalistas han estado culpando a Riggs por la muerte de sus cuatro compañeros en Río Piedras. Rosado y Beauchamp son arrestados y conducidos al Cuartel de la Policía, donde son asesinados por la propia Policía, que alega haberlo tenido que hacer ante el intento de fuga de los dos jóvenes. El asesinato de Riggs provoca una ola de represión política y policiaca en la Isla y en el exterior. El gobernador Blanton Winship interviene activamente en la investigación del asesinato e inclusive aboga por la pena de muerte en la Isla para convictos de asesinato. Un gran jurado federal recomienda que se acuse a Albizu y otros líderes nacionalistas por conspiración para derrocar por medio de la violencia al gobierno constituido de Estados Unidos en Puerto Rico. Los otros acusados son Corretjer, Luis F. Velázquez, Clemente Soto Vélez, Erasmo Velázquez, Juan Gallardo Santiago, Pablo Rosado Ortiz y Rafael Ortiz Pacheco. La Unión Americana de Libertades Civiles cuestiona la acusación por el delito que se imputa a los nacionalistas, sosteniendo que en su lugar debe acusárseles, de contar con prueba, por delitos de asesinato o complicidad en éste. Pero el gobierno federal insiste en la acusación, ya que así el juicio tiene que ventilarse en una Corte federal, mientras que un juicio por asesinato se vería en una Corte insular en la que los federales no confían. Un primer jurado no se pone de acuerdo respecto a la culpabilidad o no de los acusados, pero un nuevo jurado en un segundo juicio en julio de 1936 los declara culpables. Son sentenciados a cumplir 10 años de prisión en Atlanta, disponiéndose que al cumplir los primeros seis con conducta aceptable a las autoridades penales, se les pondrá en libertad. Los convictos apelan el veredicto pero éste es confirmado en octubre por el Primer Circuito de Boston y en diciembre siguiente por el Tribunal Supremo federal. Los nacionalistas son conducidos a Atlanta, Georgia.

Camino al avión que los lleva a prisión, Albizu hace unas breves declaraciones a nombre del grupo. Dice: «Nosotros confiamos que este sacrificio no sea en vano y que sirva para acelerar el advenimiento de la República. Los que hemos consagrado nuestras vidas a la independencia de la Patria no podemos esperar otra cosa que la cárcel. Nosotros no somos un movimiento sanguinario ni de gangsters. Sí decimos que el derecho está por encima de nuestra vida y que si para hacer respetar el derecho de la independencia de Puerto Rico es necesario derramar sangre puertorriqueña y sangre de norteamericanos, se amasará con ella la independencia de Puerto Rico».

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Antonio Quiñones Calderón

Antonio Quiñones Calderón, fue un destacado redactor de los desaparecidos diarios El Imparcial y El Mundo, también en un momento crucial de su trayectoria: la década del 60. En 1968, aceptó cumplir las funciones de Secretario de Prensa del entonces, recién electo gobernador de Puerto Rico, Luis A. Ferré. En el desempeño de esta posición, primero con Ferré y luego en los dos períodos de Carlos Romero Barceló, fue testigo excepcional de las transformaciones de la prensa puertorriqueña. Durante la decada de 1980, fue asistente de la dirección de El Nuevo Día y poco después sub director de El Mundo. Tiene publicados también varios libros de historia política.

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