El Plan de Ponce y el Partido Autonomista Puertorriqueño

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No saber lo que ha sucedido antes de nosotros es ser incesantemente niños. No dejar saber lo que sucede en nuestro tiempo es ser intensamente irresponsables con las futuras generaciones. Un espí­ritu histórico no puede tener dudas de que ha llegado el tiempo de la resurrección de nuestro pasado, de la afirmación del presente y la esperanza del futuro. Esto es parte de ello…

El Plan de Ponce y el Partido Autonomista Puertorriqueño

Antonio Quiñones Calderón- Buscando la manera de alcanzar finalmente la meta de reorganizar y revitalizar el Partido Liberal Reformista, la prensa liberal inicia la publicación de numerosos artículos firmados por varios de los líderes de la colectividad, tanto del bando autonomista como del asimilista. En La Juventud Liberal, periódico que se edita en la ciudad de Ponce bajo la dirección de Mario Braschi, se publica por primera vez un llamado Plan de Ponce para la Reorganización del Partido Liberal de la Provincia en el que se señala que el objetivo que inspira a sus propulsores es reorganizar «el gran partido liberal que a todos tenemos la honra de pertenecer», e indica que el proyecto a presentarse debe considerarse únicamente como materia de estudio y discusión, abogando por la preservación del nombre del partido que «con tanto honor lo hemos llevado hasta el presente». En materia doctrinaria, consigna el Plan los siguientes principios del partido: «los derechos individuales, la libertad de cultos, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad personal, el derecho de petición, la inviolabilidad de domicilio, el sufragio universal, la independencia de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial; la separación de los gobiernos civil y militar; la identidad en materia civil y criminal con España; el matrimonio civil para los efectos civiles; la libertad de bancos, y la uniformidad de comercio interior y exterior». Como forma de gobierno para la Isla, plantea «la autonomía provincial y municipal con la mayor suma de poder político y administrativo, pero siempre dentro de la unidad nacional». Firman el Plan: presidente, Baldorioty de Castro; vicepresidente, Antonio E. Molina; vocales, Guillermo Oppenheimer, Pedro Salazar, Luis Gautier, Martín R. Corchado, Lázaro Martínez, Marcial Morales, Rafael Pujals; secretario, José Ramón Abad. El 19 de febrero de 1887 lanza Baldorioty la convocatoria para la Asamblea de Ponce que consideraría el Plan dirigido a la reorganización del liberalismo. Concluye la convocatoria con la siguiente exhortación:

«…es nuestro deber reunirnos, ventilar amigablemente las ligeras diferencias que nos debilitan, y hacer solos, con nuestro esfuerzo propio, la obra de salvación que hemos emprendido.
Os convocamos, pues, para reunirnos en esta ciudad (de Ponce) el 7 de marzo próximo venidero.
¡Puertorriqueños, meditad profundamente la situación!
¡Delegados, interpretad con toda vuestra conciencia las necesidades íntimas del país, y venid a manifestarlas con el ánimo de llegar a un acuerdo firme y duradero».

La víspera de la asamblea, el día 6 de marzo, en atención a lo dispuesto en el articulado del Plan, los más importantes líderes del partido se reúnen en sesión secreta en el salón principal del teatro La Perla de la ciudad ponceña intentado llegar a un acuerdo que zanje las discrepancias que los dividen y llegar con una sola voz a la asamblea. Sobre el resultado de esa reunión, escribe Lidio Cruz Monclova: «Planteado el conflicto entre los partidarios de la doctrina autonomista de tipo canadiense patrocinada por Baldorioty de Castro y los de la fórmula de la autonomía económico-administrativa de Labra y del Partido Autonomista Cubano, la opinión se manifestó en contra de Baldorioty, quien, a pesar de la superioridad de su doctrina, como lo había aceptado el propio Labra al decir que el régimen de Canadá era la extrema izquierda del sistema autonómico y más adelante lo había de proclamar don José Martí, se avino, con espíritu conciliador, a que se adoptara por programa la fórmula de sus opositores, movido por la consideración de que la fórmula de Labra era más realista que la suya y se adecuaba mejor a las condiciones de la opinión española, e impulsado también por la convicción de que, siendo la libertad indivisible, o, como había dicho el propio Labra, que la conciencia no se contradice ni el derecho se parte, una vez obtenida la descentralización en la esfera económico-administrativa no tardará en demandarse en la esfera política». Se sugiere también en la reunión del día 6 trocar el nombre de la colectividad liberal por el de Partido Autonomista Puertorriqueño, así como aliarse al Partido Autonomista Cubano. El Partido Autonomista Puertorriqueño ciertamente une a los puertorriqueños en sus ansias autonomistas bajo la soberanía de España. Encabeza asimismo una tendencia ideológica que prevalecerá en la Isla con gran ardor por largos años. Al día siguiente, 7 de marzo, se constituye la Asamblea de Ponce bajo la presidencia de Baldorioty, con la asistencia de 295 delegados de 350 nominados por 62 de los 71 municipios de la Isla. Hay además representantes de los siete periódicos liberales, mas unos mil invitados. Leídas las bases del Plan de Ponce, centradas en una autonomía económico-administrativa propulsada por el grupo de Labra, éstas son aprobadas sin oposición. Dicen:

«El Partido tratará de obtener la identidad política y jurídica con nuestros hermanos peninsulares; y el principio fundamental de su política será alcanzar la mayor descentralización posible dentro de la unidad nacional.

La fórmula clara y concreta de este principio es el régimen autonómico, que tiene por bases la representación directa de los intereses locales a cargo de la Diputación Provincial y de la responsabilidad también directa de los que tengan a su cargo el ejercicio de las funciones públicas en lo que toca a la administración puramente interior o local.

Como consecuencia de esta doctrina, el Partido pedirá que en esta Antilla queden resueltos definitivamente por la Autoridad los asuntos administrativos locales, y que se administre el país con el concurso de sus habitantes, concediendo a la Diputación Provincial la facultad de acordar en todo lo que toque y se relacione con los asuntos puramente locales y sin intervención alguna de lo que tenga carácter nacional; así como la de votar y formar los presupuestos de ingresos y gastos locales por su naturaleza, objeto y fin, y sin perjuicio de las atribuciones de las Cortes en materia de presupuesto nacional.

El Partido no rechaza la unidad política, antes bien proclama la identidad política y jurídica, según la cual, en Puerto Rico, lo mismo que en la Península, regirán la propia Constitución, la Ley Electoral, la de Reuniones, la propia representación en Cortes, la propia Ley de Asociación, la de Imprenta, la de Procedimientos Civiles y Criminales, la orgánica de Tribunales, la de Matrimonio Civil, la de Orden Público, la misma Ley Provincial y Municipal: es decir, que en cuanto a derechos civiles y políticos el Partido pide que se iguale a las Antillas con la Península.

Y, en virtud de la descentralización administrativa que el Partido pide, las cuestiones locales que, por regla general, deben reservarse a las Antillas, son las siguientes: Obras Públicas, Instrucción Pública, Sanidad, Beneficencia, Agricultura, Bancos, Puertos, Aguas, Correos, Presupuesto Local, Impuestos, Aranceles y Tratados de Comercio, éstos subordinados siempre a la aprobación del Gobierno Supremo, de manera que al haber esa reserva la Metrópoli continúe en el goce supremo de la soberanía y en la práctica del imperio; entendiendo exclusivamente en todo lo relativo al Ejército, Marina, Tribunales de Justicia, Representación diplomática y Administración general del país, señalando a éste el cupo que le corresponde en el presupuesto general del Estado, llevando la dirección de la política general, velando por la fiel observancia de las leyes, resolviendo todos los conflictos de corporaciones y entidades, nombrando y separando con arreglo a las leyes generales de la Nación a sus representantes en las diversas esferas de los poderes públicos y en la facultad de suspender y anular los acuerdos de la Diputación Provincial cuando lleven el vicio de incompetencia o sean contrarios a los intereses nacionales».

Los incondicionales consideran las anteriores exigencias como algo exagerado; y más que ello, como una traición a España. Las consecuencias se verán. Por decisión unánime, la asamblea adopta el nuevo nombre de la colectividad según sugerido el día anterior: Partido Autonomista Puertorriqueño. También adopta la asamblea, con «atronadores aplausos e indescriptible entusiasmo», un voto de gracias «al ilustre compatriota don Román Baldorioty de Castro… por los grandísimos y desinteresados esfuerzos que en pro de la idea autonomista, ha venido desde largo tiempo practicando en bien del progreso y mejoramiento de los intereses morales y materiales de la Isla de Puerto Rico». Al tercer día de sesiones – el día 9 de marzo – concluye la asamblea autonomista con las históricas palabras de despedida pronunciadas por Baldorioty:

«¡Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad en la tierra!
¡Delegados! Habéis coronado el edificio y vamos a separarnos. Debéis estar satisfechos. Al volver a vuestros hogares dirán las gentes en vuestro honor: Ese hombre fue delegado a la Asamblea de Ponce. Y cuando alcancéis el ocaso de la vida, no os faltará un Herminio Díaz Navarro que celebre con alta elocuencia vuestros servicios a la patria».

Al día siguiente de concluida la asamblea, los miembros del directorio interino del partido eligen a Baldorioty como director de la sección política de la colectividad, equivalente a la presidencia del directorio. Los otros dirigentes principales del partido son Labra, José Joaquín Vargas Torres, Francisco Arce Romero, Herminio Díaz Navarro, y Ermelindo y Antonio Molina Vergara. Pero hay otros dos líderes de máxima importancia en el autonomismo: Luis Muñoz Rivera – un eminente poeta, escritor y periodista de las montañas de Barranquitas – y José Celso Barbosa – un prestigioso y querido médico bayamonés egresado de una escuela de medicina norteamericana –, quienes se convierten en dos de los más preclaros protagonistas de la vida pública puertorriqueña por muchos años. Pocos días después de la Asamblea de Ponce, se enseñorea sobre Puerto Rico un nuevo gobernador: el teniente general Romualdo Palacio, militante de la izquierda dinástica española. Los incondicionales buscan halagarlo y hacer toda clase de artimaña para conseguir su mala voluntad hacia los autonomistas. De hecho, convierten a éste en su enemigo a todo trance. Entre las artimañas que utilizan figura la de asociar a los autonomistas con las sociedades secretas que entonces surgen en el país. Estas sociedades – como La Boicotizadora, La Torre del Viejo y Los Secos – se constituyen para luchar por los comerciantes puertorriqueños y «boicotear» a los españoles que no quieran emplear trabajadores puertorriqueños en sus establecimientos. También le llevan constantes acusaciones contra los autonomistas, a quienes describen como «separatistas y desleales». El general Palacio desata contra los autonomistas una cruel persecución, descargando contra éstos los más abominables castigos, los que en conjunto son llamados compontes *, palabra introducida en la Isla desde Cuba. Además de estos castigos, son cientos – incluido Baldorioty – los autonomistas que van a dar con sus huesos en los calabozos de El Morro por orden de Palacio. Sobre los compontes, Antonio S. Pedreira escribe «El año terrible del 1887», y Cruz Monclova, «Historia del año 1887».

Con la ayuda de las fuerzas liberales en España, los autonomistas logran la destitución de Palacio el 10 de noviembre de 1887. Sin embargo, como certeramente apunta Reece Bothwell: «Fue la de Palacio una breve gobernación de apenas ocho meses, pero que ha llegado a personificar la más cruel tiranía de gobernante alguno en la historia de Puerto Rico». Otros gobernadores arriban a la Isla, y aunque aminoran los castigos y las persecuciones contra los autonomistas, éstos no desaparecen del todo. Los incondicionales siguen siendo los niños mimados del gobernante de turno. Mientras tanto, en algunos sectores del Partido Autonomista se tejen cizañas contra Baldorioty y otros líderes de la colectividad. Desde Madrid, Labra inicia una solapada campaña contra la gestión de Baldorioty al frente del partido. Profundamente conturbado, éste presenta su renuncia a la presidencia del partido el 2 de enero de 1889, escribiendo a los delegados:

«Pongo en vuestras manos mi dimisión como Director de Política y como Delegado del Partido.

Con profunda pena me separo de vosotros; pero todo el país sabe que estoy enfermo y que debo atender a mi salud seriamente comprometida.

Creo que el partido debe proceder a completar la Delegación o bien que debe reunirse en Mayagüez, como está previsto en el artículo 5º de las Disposiciones Transitorias de nuestra Constitución, si se considera llegado el caso de reformar nuestra ley fundamental o de tomar otras medidas de importancia real para nuestro partido.

Vosotros resolveréis lo que en vuestra sabiduría juzguéis más conveniente.

Mi resolución es irrevocable porque es de toda conveniencia para el partido.

Yo vuelvo tranquilo a la serenidad de mi hogar llevando en el corazón la gratitud más sincera por las muestras de distinción y de afecto que siempre me habéis dispensado».

La angustia de Baldorioty es evidente en una carta que envía posteriormente a Labra, en la que entre otras cosas le recuerda que «la brega contra la envidia y otras pasiones bajas, así como la intriga, eran cosas harto viejas en este mundo», y agrega: «No sé… si algún día volveré a tener la honrosa desgracia de hacer algo en esto que aquí llamamos política. Espero que no, pues ni aun presidente honorario quiero ser por segunda vez. Ya yo lo fui cuando los Reformistas y he disfrutado bastante del haber que por clasificación me correspondía. Como he estado en un Cuartel y en las bóvedas del Morro, ¿a qué más honra?».
Tras Baldorioty, muchos de los más conspicuos líderes del partido también presentan sus renuncias. Martín Corchado Juarbe asume la presidencia de la colectividad, a quien seguirá más adelante Blanco Sosa. En septiembre siguiente muere el prócer Baldorioty, perdiendo no ya el autonomismo sino todo Puerto Rico a una de sus figuras cimeras de todos los tiempos en el mundo de la política, la moral, el patriotismo y la decencia. Sobre tan preclara figura escribe Manuel Fernández Juncos:

«Era un hombre de clarísima inteligencia, de cultura intelectual sólida y rica, y de una moralidad y pureza de corazón verdaderamente asombrosas. A tal punto llegaba la honradez del señor Baldorioty de Castro, y era tal la rectitud de su carácter, que pudo propagarse la creencia de que él no servía para hombre político en esta época de ambiciones bastardas, de hipócritas cabildeos y de vergonzosas apostasías…
Fue siempre un admirable modelo de abnegación y patriotismo. Puso constantemente su talento, su saber y su vida entera al servicio de su país, sin pedirle nunca nada y sin que le desalentaran nunca las persecuciones del poder ni el olvido de los ingratos. Vivió pobre y ha muerto en la indigencia, como viven y mueren, por lo general, los hombres de su temple y de sus condiciones…

Sufrió con la mayor serenidad y grandeza de espíritu toda suerte de persecuciones de injusticia colonial; y no hace mucho tiempo que – sin respeto a su ancianidad ni a la enfermedad mortal que ya le agobiaba – fue preso y encerrado en un Castillo sin culpa ninguna, como no la hubo tampoco para sus anteriores persecuciones…

En el trato íntimo de la amistad era lo que se llama generalmente un corazón de oro, siempre dispuesto a la abnegación y al sacrificio…».
El Partido Autonomista se sume en profunda crisis. Muchos de sus más inspirados líderes abandonan el partido o se retiran a la tranquilidad de sus hogares.
El 1ro. de febrero de 1891 se efectúa la siguiente elección para diputados. Son elegidos trece incondicionales y dos autonomistas. Estos últimos – que sufren serias divisiones internas y son víctimas de las componendas del gobernador de turno – apenas logran 143 votos frente a los 1,107 de los primeros. La nueva aplastante derrota de los autonomistas provoca más debates y divisiones en el seno de la colectividad. Muñoz Rivera, figura de primer orden en el autonomismo para esta época, postula la idea de un pacto entre el Partido Autonomista Puertorriqueño con uno español que defienda en su programa las reformas autonomistas locales. Es su parecer que «dada la escasa educación política de nuestro pueblo, las batallas por los principios de 1887 había que darlas en Madrid», y expresa su convicción de que la autonomía será concedida por un partido monárquico, por entender que es uno de éstos el que mayores posibilidades tiene de llegar al poder. La propuesta provoca mayor desunión en las filas autonomistas. Durante los días del 17 al 19 de mayo de 1891 tiene lugar en Mayagüez una asamblea del partido en la que se han de discutir tres asuntos principales: disolver la colectividad; ir al retraimiento en la elección de 1893, y lo relacionado con el propuesto pacto con un partido español. Se acuerda no disolver la colectividad y, en principio, se decide por el retraimiento pero facultando al directorio a cambiar de parecer antes de la elección de así aconsejarlo las circunstancias. En cuanto al pacto con un partido español, se acuerda delegar en el directorio efectuar cualesquiera pasos dirigidos a lograr una alianza con aquellos partidos que defiendan la política autonómico-administrativa para la Isla. Para finales de 1892 se publica aquí la nueva ley electoral Maura que rige a partir de la elección de marzo de 1893. Según la misma, «se reducía la cuota electoral vigente de veinticinco a diez pesos; se aumentaba la representación de Puerto Rico en las Cortes españolas a dieciséis Diputados; se dividía la Isla en tres circunscripciones plurinominales, que eran San Juan, Ponce y Mayagüez, las que elegían tres Diputados cada una; y en siete distritos uninominales, que eran Arecibo, Quebradillas, Humacao, Guayama, Caguas, Coamo y Utuado». Aunque la nueva ley es más liberal que la anterior, los autonomistas no la respaldan al condenar que mientras en la Isla la cuota electoral se fija en diez pesos, en Cuba se reduce a cinco. En consecuencia, deciden oficialmente no acudir a la elección. Se efectúa ésta, del 2 al 5 de marzo siguiente y los incondicionales arrasan con los 16 escaños de diputados, al obtener 3,943 votos de un total de 8,700 electores inscritos. La próxima elección se efectúa el 12 de abril de 1896. Otra vez los autonomistas van al retraimiento y otra vez los incondicionales copan los 16 escaños de diputados. Pero en el período entre la elección de 1893 y ésta de 1896 ocurren varios acontecimientos de gran significado para la política isleña. Muñoz Rivera insiste en la unión del Partido Autonomista con el Liberal Fusionista español, mientras que Fernández Juncos plantea que el pacto debe realizarse con el Republicano Español. La división ahora es entre autonomistas-liberales y autonomistas-republicanos. Los autonomistas se reúnen durante el período en numerosas ocasiones, pero no logran ponerse de acuerdo sobre el pacto. Además de Muñoz Rivera y Barbosa, otros líderes importantes del autonomismo de la época son José Gómez Brioso (el nuevo presidente de la colectividad), Rafael Arrillaga Roqué, Mariano Abril y Nicolás López de Victoria. En mayo de 1895, Muñoz Rivera marcha a España, donde permanece hasta mediados de enero de 1896. En la Península pulsa el sentir de importantes líderes políticos españoles con relación a las demandas autonomistas de la Isla. Regresa convencido de que el pacto debe hacerse con el Partido Liberal Fusionista que acaudilla Práxedes Mateo Sagasta. El 29 de julio de 1896 escribe Muñoz Rivera en La Democracia:

«Desde que se inició en 1890 la propaganda de una inteligencia con el Partido Liberal español, vienen combatiéndola sus adversarios, cada día menos numerosos y menos importantes, en nombre de los principios autonomistas.

Consciente o inconsciente, hay aquí un error que es útil desvanecer, para que no determine otros errores más graves.
Ninguno de los que desean que, uniéndose al señor Sagasta, ocupen su turno en el Gobierno de la colonia los hijos del país, se propone restar un ápice al programa que sancionó la Asamblea de Ponce; antes bien es indispensable ampliarlo, extenderlo, dándole mayor alcance hasta tocar en los límites de una verdadera autonomía».

Barbosa le responde desde El País:

«Algunos amigos nos han preguntado cuál sería nuestra actitud en el caso de que la mayoría del Partido Autonomista optase por ingresar en el Partido Liberal dinástico que acaudilla en la Península el señor don Práxedes Mateo Sagasta.
Nos parece que nosotros no necesitamos decir nada respecto a esta pregunta concreta, puesto que en el encabezamiento de este semanario se dice bien claro: periódico republicano afiliado al Partido Autonomista Puertorriqueño.
Somos, pues, republicanos por honrada convicción; y, naturalmente, no podemos, como tales, afiliarnos a un partido monárquico».

Más adelante agrega: «No podemos concebir que un autonomista puertorriqueño se haga sagastino, porque equivaldría a besar la mano que le infirió el agravio (de la Ley Electoral de 1890). De Sagasta nos separa, además de la gran discrepancia en ideas políticas, económicas y administrativas, un abismo: el retraimiento electoral que lo apreció y votó el partido unánimemente como cuestión de dignidad. ¿Fue aquel un acto solemne, reflexivo y justiciero? Pues, la conciencia política nos impide acercarnos a Sagasta».

En medio del debate, y en atención a lo acordado en la asamblea de Mayagüez de 1891 sobre la posibilidad de un acuerdo con algún partido español, se celebra una reunión del directorio del partido en Caguas, en la que se acuerda el envío de una delegación a Madrid para hacer las gestiones pertinentes. Integran la comisión, Muñoz Rivera, Rosendo Matienzo Cintrón, Gómez Brioso y Degetau. En Madrid, el primer ministro español Cánovas del Castillo, buscando atraerse a los autonomistas puertorriqueños, recomienda al Parlamento, y éste así lo aprueba, que se extiendan a la Isla las reformas aprobadas por su gobierno en 1895. Los autonomistas ven en la acción una burla, ya que la misma no resuelve el problema de las reformas electorales ni el de la reorganización político-administrativa. La comisión, a excepción de Degetau, decide entonces concertar el pacto con el partido de Sagasta, quien de paso hace con ellos el compromiso de implantar la reforma autonómica en Puerto Rico de advenir su partido al poder en España. De regreso a la Isla la comisión el día 11 de febrero de 1897, se acuerda citar a asamblea del partido al día siguiente en el Teatro Municipal de la Capital. Asisten 131 delegados, que se reúnen bajo la dirección de Rossy. A favor del pacto hablan Muñoz Rivera, Gómez Brioso, Matienzo Cintrón y Luis R. Velázquez. En contra, Barbosa, Rossy, Santiago Veve Calzada y Juan Ramón Ramos Vélez. La fusión con el Partido Liberal Fusionista Español es aprobada con 79 votos a favor, 17 en contra y siete abstenidos; se registran 28 ausentes al momento de la votación. Certificada la votación, Barbosa pide un turno para hablar y pronuncia las siguientes breves palabras: «Adiós, hermanos, yo me voy a casa a llorar las desventuras del Partido Autonomista, porque así lo ordenan mi dignidad y mi decoro. Yo me voy, pero entre mis brazos, a mi hogar, me llevo la bandera de la autonomía, que mis amigos y yo seguiremos tremolando». El Partido Autonomista Puertorriqueño pasa a llamarse entonces Partido Liberal Fusionista Puertorriqueño, bajo la presidencia de Muñoz Rivera. Los autonomistas opuestos a la fusión, y bajo la presidencia de Barbosa, se convierten en el Partido Autonomista Ortodoxo, llamado también Puro y Radical. Comienza la histórica pugna entre muñocistas y barbosistas.

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Antonio Quiñones Calderón

Antonio Quiñones Calderón, fue un destacado redactor de los desaparecidos diarios El Imparcial y El Mundo, también en un momento crucial de su trayectoria: la década del 60. En 1968, aceptó cumplir las funciones de Secretario de Prensa del entonces, recién electo gobernador de Puerto Rico, Luis A. Ferré. En el desempeño de esta posición, primero con Ferré y luego en los dos períodos de Carlos Romero Barceló, fue testigo excepcional de las transformaciones de la prensa puertorriqueña. Durante la decada de 1980, fue asistente de la dirección de El Nuevo Día y poco después sub director de El Mundo. Tiene publicados también varios libros de historia política.

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